La izquierda que aprendió a distribuir, pero no a producir
La Cuarta Transformación corrigió algunos efectos del neoliberalismo, pero no construyó las instituciones capaces de superar el subdesarrollo.
Durante años he tenido la impresión de que la discusión pública mexicana gira alrededor de una pregunta equivocada. Se debate si la Cuarta Transformación fue demasiado radical o demasiado moderada. A mi juicio, el problema fue otro: concentró su fuerza política en modificar la distribución del ingreso, pero no en transformar la estructura económica que produce el bajo crecimiento, la informalidad, la dependencia financiera y la debilidad industrial del país.
El gobierno confrontó a la oposición, a los medios, a organismos autónomos, a jueces, a tecnócratas, a intelectuales, a partidos y a viejas burocracias. Pero no confrontó con la misma fuerza los núcleos duros de la economía mexicana: la banca extranjera, los grandes grupos empresariales, la dependencia tecnológica, la informalidad masiva, la subordinación productiva frente a Estados Unidos y la ausencia de un Estado capaz de orientar al capital privado hacia objetivos nacionales.
Ahí está su límite histórico.
La 4T modificó la distribución del ingreso, pero no modificó la estructura que produce el subdesarrollo. Repartió más, pero no produjo más. Elevó salarios, pero no elevó productividad de manera sostenida. Amplió programas sociales, pero no construyó una base fiscal suficiente para sostenerlos indefinidamente. Habló de soberanía, pero no tocó la banca extranjera, no construyó un servicio civil profesional, no creó empresas nacionales fuertes y no incomodó a Estados Unidos en los temas verdaderamente estratégicos.
La transformación cambió el reparto, pero no cambió el motor.
La soberanía no se sostiene con discursos. Se sostiene con bancos, empresas, tecnología, burocracias, crédito, infraestructura, productividad y capacidad estatal. Sin esos instrumentos, la soberanía se vuelve consigna: puede servir para ganar elecciones, pero no para industrializar un país.
Redistribuir no es desarrollar
La 4T sí redistribuyó. Ese es un hecho. Lo que no hizo fue construir las capacidades económicas que vuelven sostenible esa redistribución.
El gasto social no es el problema. El problema es creer que el gasto social puede sustituir una estrategia de desarrollo. Durante décadas, la derecha sostuvo que primero había que crecer y después distribuir. La 4T respondió distribuyendo primero. Esa corrección era necesaria frente a un país profundamente desigual, pero la redistribución por sí sola no crea una economía avanzada. Puede mejorar el presente; no garantiza el futuro.
Los programas sociales alivian la pobreza; no sustituyen la productividad. Las pensiones dignifican a millones de adultos mayores; no crean industrias. Las becas ayudan a jóvenes; no construyen ecosistemas tecnológicos. El salario mínimo mejora ingresos; no garantiza por sí mismo una transformación productiva. La izquierda mexicana aprendió a distribuir, pero no aprendió a producir. Y sin producción, la distribución tiene techo.
Los resultados sociales existen y deben reconocerse. Entre 2022 y 2024, la población en pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas: una reducción de 8.3 millones. En 2024, la pobreza fue de 29.6% de la población. Negar ese avance sería incorrecto. Pero convertirlo en prueba de transformación estructural también sería equivocado. La pobreza puede bajar por salarios, transferencias y coyuntura laboral sin que el país haya modificado sus bases productivas.
Un Estado de bienestar necesita una economía que lo financie. México, sin embargo, recauda poco para las ambiciones sociales que tiene. En 2024, la recaudación tributaria fue de 18.3% del PIB, el nivel más bajo entre los países de la OCDE. El promedio de la organización fue de 34.1%.
La contradicción es clara: México quiere derechos sociales de país desarrollado con una estructura fiscal de país débil. Quiere pensiones universales, salud, educación, infraestructura, seguridad, ciencia, tecnología, política industrial y transferencias sociales, pero no tiene todavía la base productiva y fiscal necesaria para financiarlas de manera sostenida.
Para 2026, el Paquete Económico propuso fortalecer los Programas para el Bienestar con 987 mil 160 millones de pesos, más de 2.5% del PIB. La Pensión para Adultos Mayores concentra 526 mil 508 millones. Además, el CIEP estimó que las pensiones contributivas y no contributivas representaban 5.8% del PIB en 2024 y podrían llegar a 7.1% en 2030, o incluso a 7.8% bajo ciertos escenarios.
Los programas sociales deben existir. El problema es que no pueden sostenerse sin una transformación productiva profunda. Un país puede repartir mejor durante algunos años, pero sólo puede sostener bienestar permanente si produce más, formaliza más, innova más y recauda más. El riesgo es construir un Estado social sin Estado desarrollador: un gobierno que reparte más, pero no produce las condiciones para sostener lo que reparte.
Informalidad, bajo crecimiento e inversión débil
La informalidad no es un accidente. Es una expresión directa del fracaso del modelo económico mexicano.
Cuando más de la mitad de los trabajadores vive en la informalidad, el problema no es sólo de cumplimiento legal. Es una señal de que la economía no genera suficientes empleos productivos. La informalidad es el lugar al que México envía a quienes no caben en su sector moderno.
En marzo de 2026, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 33 millones de personas. La tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8% de la población ocupada. Más de la mitad de quienes trabajan lo hacen fuera de una relación plenamente formal, sin acceso completo a seguridad social y con baja protección laboral.
La informalidad funciona como el seguro de desempleo de una economía que no puede emplear formalmente a su población. No desaparecerá con regaños, operativos o simplificación administrativa. Disminuirá cuando existan empleos formales mejores que la informalidad. Eso exige inversión, crédito, industria, tecnología, empresas nacionales y política productiva.
La debilidad de fondo está en el crecimiento y en la inversión. En el primer trimestre de 2026, el PIB disminuyó 0.6% a tasa trimestral. Las actividades secundarias cayeron 1.0% trimestral y 1.1% anual. La inversión fija bruta —la que mide construcción, maquinaria y equipo— cayó 3.6% anual en febrero de 2026 y acumuló 18 meses consecutivos de contracciones.
La inversión extranjera directa se presume como prueba de confianza internacional, y ciertamente hay cifras relevantes. México registró 23 mil 591 millones de dólares de IED en el primer trimestre de 2026, un máximo para ese periodo. Pero el dato exige cuidado: la reinversión de utilidades representó 94.2% del total, mientras las nuevas inversiones fueron 7.2%. Buena parte del flujo provino de empresas extranjeras ya instaladas, no necesariamente de nuevas capacidades productivas nacionales.
La inversión extranjera puede ayudar, pero no sustituye una estrategia nacional de desarrollo. La industrialización no consiste sólo en atraer empresas extranjeras. Consiste en construir capacidades nacionales: empresas mexicanas, banca nacional, proveedores locales, ingeniería propia, investigación aplicada, financiamiento productivo y un Estado capaz de coordinar todo eso.
México puede convertirse en plataforma de relocalización sin convertirse en potencia industrial. Puede recibir fábricas sin controlar tecnología. Puede exportar más sin innovar más. Puede integrarse más a América del Norte sin ser más soberano. Ese es el peligro del nearshoring: creer que la geografía sustituye a la estrategia.
Un Estado que distribuye, pero no controla la banca
Ningún país se industrializa sin un sistema financiero orientado al desarrollo. La industrialización requiere crédito de largo plazo, financiamiento paciente, instrumentos de garantía, banca de desarrollo, mercados de capital y coordinación entre Estado, empresas y sistema financiero.
México tiene bancos rentables, pero no una banca puesta al servicio de una estrategia nacional de industrialización. En 2025, la banca que opera en México obtuvo utilidades históricas por alrededor de 304 mil millones de pesos, mientras sus activos totales superaron los 15.5 billones de pesos.
El problema no es sólo que la banca gane mucho. El problema es que una parte sustancial de la banca mexicana es banca extranjera. Muchas decisiones relevantes sobre crédito, riesgo, utilidades, expansión y prioridades de negocio se toman bajo la lógica de matrices financieras globales, no bajo una estrategia nacional de desarrollo. Esa banca puede ser eficiente, rentable y estable, pero no tiene por qué asumir como propio el interés nacional mexicano.
A una banca extranjera no se le puede pedir espontáneamente que industrialice México. No fue diseñada para eso. Su objetivo no es formar proveedores nacionales, financiar manufactura avanzada, crear empresas mexicanas de alcance global ni construir capacidades productivas propias. Su objetivo es obtener utilidades, administrar riesgos y transferir valor a sus matrices.
Una economía no se industrializa con tarjetas de crédito, crédito al consumo y financiamiento caro para pequeñas empresas. Se industrializa con crédito productivo, de largo plazo, con garantías, banca de desarrollo, capital paciente e instrumentos para compartir riesgos. Después de años de discurso transformador, la banca extranjera sigue operando con enorme rentabilidad, pero sin convertirse en palanca central de industrialización.
Ningún país industrializado dejó el crédito estratégico enteramente a la lógica bancaria convencional, mucho menos a la lógica de bancos extranjeros. El desarrollo no se financia esperando que la banca comercial extranjera descubra por sí sola el interés nacional. México quiere industrialización sin soberanía financiera. Eso no existe.
El empresario mexicano no es el origen del problema: es su resultado
México no tiene un empresariado industrial fuerte porque no ha construido las condiciones para tenerlo.
Durante años, la izquierda ha tratado al empresario mexicano como moralmente sospechoso. La derecha, por su parte, lo presenta como héroe incomprendido. Ambas visiones son pobres. El problema no es moral. Es institucional.
Los empresarios invierten donde existen ganancias, certidumbre, crédito, mercados y protección frente al riesgo. Si el país ofrece mejores rendimientos en bienes raíces, comercio, importaciones, servicios protegidos, contratos públicos o actividades financieras, el capital se irá hacia allá. No porque sea antipatriótico, sino porque responde a incentivos.
Ningún país se industrializó pidiéndoles a los empresarios que fueran patriotas. Los Estados desarrolladores modificaron los incentivos: dieron crédito, protegieron sectores, exigieron exportaciones, castigaron incumplimientos, financiaron aprendizaje y obligaron al capital privado a moverse hacia actividades estratégicas.
México no ha hecho eso. Quiere empresarios industriales sin política industrial. Quiere innovación sin ecosistema. Quiere inversión productiva sin banca de desarrollo suficiente. Quiere manufactura avanzada sin empresas nacionales tractoras. Quiere que el capital privado asuma riesgos enormes mientras el Estado apenas comparte esos riesgos. Después se sorprende de que los empresarios prefieran lo fácil.
Un Estado desarrollador no es un Estado que insulta empresarios. Es un Estado que los transforma. Les da crédito, infraestructura, protección y acceso a mercados, pero también les exige desempeño. Si exportan, reciben apoyo. Si innovan, reciben financiamiento. Si invierten en sectores estratégicos, reciben respaldo. Si no cumplen, pierden privilegios.
México tiene muchos empresarios ricos, pero pocos empresarios industriales nacionales capaces de arrastrar cadenas productivas complejas. Tiene grupos poderosos en telecomunicaciones, comercio, construcción, finanzas, bebidas, alimentos, minería, bienes raíces y servicios. Pero no tiene suficientes conglomerados manufactureros nacionales con tecnología propia, capacidad exportadora sofisticada y presencia global.
La pregunta correcta no es por qué los empresarios mexicanos no se comportan como coreanos o japoneses. La pregunta correcta es qué instituciones creó Corea del Sur para que sus empresarios se comportaran como empresarios industriales. Y qué instituciones dejó de construir México.
Innovación sin ecosistema, política industrial sin burocracia
México también quiere innovar sin construir un ecosistema tecnológico. Se habla de startups, emprendimiento, incubadoras, transferencia tecnológica y profesores convertidos en empresarios. Todo eso puede ser útil, pero no sustituye una estrategia nacional de desarrollo.
Silicon Valley no nació de cursos de emprendimiento. Nació de universidades de élite, gasto militar, compras públicas, capital de riesgo, grandes empresas tecnológicas, mercados financieros profundos y décadas de inversión estatal. China no se convirtió en potencia tecnológica multiplicando startups aisladas. Primero construyó industria, infraestructura, financiamiento, empresas nacionales y mercados internos.
México quiere saltarse la historia. Quiere startups sin ecosistema. Quiere innovación sin investigación y desarrollo suficiente. Quiere profesores empresarios sin capital de riesgo. Quiere tecnología sin empresas tractoras. Quiere patentes sin industria. Quiere emprendimiento sin demanda sofisticada.
El gasto de México en investigación y desarrollo fue de apenas 0.268% del PIB en 2023. Además, el Global Innovation Index 2025 colocó a México en el lugar 58 entre 139 economías, pero en insumos de innovación lo ubicó en el lugar 81. México no está acumulando con suficiente fuerza los elementos básicos de un ecosistema tecnológico: financiamiento, investigación, capital humano, vínculos universidad-empresa, compras públicas y grandes empresas capaces de absorber innovación.
La innovación no surge de exhortaciones. Surge de sistemas.
Ese sistema requiere también un Estado capaz de ejecutarlo. Ahí aparece otro vacío: el servicio civil. Sin burocracia profesional no hay política industrial seria. La industrialización requiere funcionarios capaces de evaluar proyectos, disciplinar empresas, coordinar financiamiento, negociar tecnología, medir resultados y corregir errores.
Un Estado desarrollador no se construye con improvisación sexenal. Requiere memoria institucional, cuadros técnicos, continuidad, información, autoridad y autonomía relativa frente a los grupos económicos. México tiene gobiernos fuertes para ganar elecciones, pero débiles para construir capacidades permanentes.
Así no se industrializa un país. Así se administra el subdesarrollo. La política industrial no es un decreto. Es una capacidad.
La restricción estadounidense: el poder que no se quiere nombrar
El gobierno mexicano habla de soberanía, pero evita incomodar a Estados Unidos. Esa es una de las restricciones centrales del desarrollo nacional.
No se trata de adoptar una postura antiestadounidense. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nuestro vecino inevitable y el centro de la economía norteamericana. Pero precisamente por eso su poder sobre México no es abstracto. Es cotidiano, estructural y agresivo. Se expresa en comercio, migración, energía, seguridad, inversión, reglas de origen, sanciones, amenazas arancelarias, presiones diplomáticas, certificaciones, paneles, revisiones del T-MEC y advertencias de empresas y agencias estadounidenses.
Estados Unidos sabe muy bien qué quiere de México: estabilidad fronteriza, control migratorio, seguridad subordinada, energía compatible con sus intereses, manufactura integrada a sus cadenas, acceso privilegiado a nuestro mercado, contención geopolítica frente a China y un marco regulatorio que no afecte a sus empresas. Lo que no está claro es si México sabe qué quiere de sí mismo.
La restricción estadounidense no opera sólo por imposición directa. Opera también por anticipación. México muchas veces se modera antes de actuar. Evita decisiones porque sabe que pueden provocar represalias comerciales, presiones financieras, controversias bajo el T-MEC o campañas de desconfianza empresarial. Esa es una forma muy eficaz de poder: no necesita ordenar siempre; basta con que el país subordinado calcule de antemano hasta dónde puede llegar.
Por eso la soberanía mexicana se ejerce dentro de un margen vigilado. Se puede hablar de soberanía mientras no se alteren demasiado las reglas fundamentales de la integración. Se puede distribuir ingreso, aumentar salarios, ampliar programas sociales y construir infraestructura. Pero cuando se trata de modificar la estructura productiva, orientar el crédito, fortalecer empresas nacionales, revisar la dependencia tecnológica, renegociar sectores estratégicos o incomodar intereses estadounidenses, el margen se estrecha.
El T-MEC no es sólo un tratado comercial. Es también una arquitectura de disciplina económica. Limita instrumentos clásicos de política industrial, condiciona reglas de inversión, restringe márgenes regulatorios, protege intereses corporativos y coloca la relación económica mexicana dentro de un marco jurídico diseñado principalmente por la potencia dominante de la región.
El Plan México habla de relocalización, contenido nacional, sustitución de importaciones, fortalecimiento regional, proveeduría local de mayor valor y creación de empleos bien remunerados. En el papel, esos objetivos son correctos. Pero el problema está en los instrumentos. Sin banca nacional, sin servicio civil, sin empresas mexicanas fuertes, sin crédito productivo, sin ecosistema tecnológico y sin capacidad para negociar con Estados Unidos desde una estrategia propia, el Plan México corre el riesgo de convertirse en una política industrial sin dientes.
La integración con Estados Unidos no es mala en sí misma. Lo malo es integrarse sin poder propio. Lo malo es aceptar el lugar de plataforma productiva subordinada. Lo malo es celebrar exportaciones sin preguntarse quién controla la tecnología, quién financia, quién diseña, quién captura las utilidades y quién decide qué se produce.
México no necesita una política antiestadounidense. Necesita una política mexicana. Pero una política verdaderamente mexicana tendría que reconocer que Estados Unidos no es sólo socio: también es restricción.
El Estado mexicano no es fuerte donde importa
El Estado mexicano no es débil en todos los terrenos. Puede ser fuerte para concentrar poder político, disciplinar burocracias, repartir recursos, ganar elecciones y reformar instituciones. Pero no es fuerte donde más importa para el desarrollo: frente al capital financiero, frente a los grandes grupos económicos, frente a la dependencia tecnológica, frente a la informalidad estructural y frente a la relación asimétrica con Estados Unidos.
El Estado desarrollador no es simplemente un Estado grande. Es un Estado capaz de orientar recursos hacia objetivos estratégicos. Es un Estado capaz de decirle al capital privado: te apoyo, pero me das resultados. Es un Estado capaz de usar el crédito, la regulación, la protección, las compras públicas, la infraestructura y la formación de talento para cambiar la estructura productiva.
México tiene un Estado que distribuye, pero no uno que desarrolla. Tiene un Estado que administra programas, pero no uno que transforma sectores. Tiene un Estado que habla de soberanía, pero no uno que construye poder económico propio.
La 4T no fracasó porque haya distribuido demasiado. Fracasará si cree que distribuir basta. Su límite no está en haber aumentado salarios, pensiones o programas sociales. Su límite está en no haber construido todavía el aparato productivo, financiero, tecnológico y administrativo que puede sostener una transformación de largo plazo.
México no necesita menos justicia social. Necesita más desarrollo. No necesita menos Estado. Necesita un Estado de otra calidad: más profesional, más estratégico, más fuerte frente al capital, más capaz de orientar el crédito, más dispuesto a construir empresas nacionales, más serio frente a la tecnología y menos temeroso de ejercer soberanía frente a Estados Unidos.
La transformación verdadera no consiste sólo en repartir mejor lo que existe. Consiste en cambiar la manera en que el país produce, financia, innova, trabaja y se inserta en el mundo.
Ese paso no se ha dado.
México vive una contradicción histórica: tiene un gobierno que habla como si hubiera roto con el neoliberalismo, pero conserva demasiadas de las estructuras económicas que el neoliberalismo dejó intactas. Tiene discurso de soberanía, pero dependencia financiera. Tiene programas sociales, pero informalidad masiva. Tiene nearshoring, pero pocas empresas nacionales. Tiene universidades, pero no ecosistema tecnológico. Tiene empresarios, pero no incentivos industriales. Tiene Estado, pero no Estado desarrollador.
La gran paradoja de nuestro tiempo es que México tiene un gobierno que habla de soberanía, pero una economía que sigue organizada alrededor de la dependencia. La izquierda aprendió a distribuir. La tarea pendiente sigue siendo aprender a producir.
No hay soberanía sin poder económico propio.
Y México todavía no lo ha construido.
Fuentes principales
• INEGI, Pobreza multidimensional 2024
• OCDE, Revenue Statistics 2025: Mexico
• CIEP, Financiamiento de las pensiones: escenarios sobre su carga fiscal a 2030
• INEGI, Indicadores de Ocupación y Empleo, marzo de 2026
• INEGI, Producto Interno Bruto Trimestral, primer trimestre de 2026
• México, ¿Cómo Vamos?, Inversión Fija Bruta
• México, ¿Cómo Vamos?, IED alcanza máximo histórico en el 1T2026
• La Jornada / CNBV, Bancos marcan 2025 histórico; ganaron 304 mil mdp: CNBV
• Banco Mundial, Research and development expenditure (% of GDP), Mexico
Es brillante y acertivo debe tomarse en cuenta por sus fuentes y su imparcialidad. Esta lectura nos deja ver la cantidad de cosas que faltan por hacer y que duele admitir no se han hecho que no se hicieron o que se dejaron de hacer .
Sin embargo cada uno de los señalamientos aquí vertidos requiere años de desarrollo en un clima politico favorable que es precisamente a lo que aún no hemos llegado
El artículo confunde el ritmo con la dirección. La 4T eligió consolidar base social antes de enfrentar a los núcleos duros del poder económico. Se puede discutir si esa estrategia fue demasiado lenta o demasiado prudente, pero decir que 'no aprendió a producir' es ignorar que sin la paz social que dan los programas y el salario, cualquier intento de industrialización habría estallado antes de empezar. El verdadero problema no es que no se haya hecho, sino que el margen era más estrecho de lo que los críticos desde el escritorio están dispuestos a admitir."